"Belarra pide perdón en nombre del Gobierno a las mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzadas".
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido perdón este jueves a las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de esterilizaciones forzadas, “una gravísima vulneración de los derechos humanos” que “se ha permitido durante demasiado tiempo”. Este tipo de prácticas se suprimió en España a finales de 2020 en el Código Penal. Hasta entonces, un juzgado podía decidir si una persona que estuviera incapacitada judicialmente debía ser esterilizada, atendiendo a su “mayor interés”, algo que las organizaciones de defensa del colectivo de personas con discapacidad aseguran que ha afectado en la mayoría de los casos a mujeres y niñas. Durante años, se ha solicitado la eliminación de esta mala práctica ya que es un tipo de violencia, por no contar con el consentimiento del individuo. El Consejo de Ministros aprobará este viernes una declaración institucional de reconocimiento a víctimas de estas prácticas, ha anunciado Belarra.
“Quiero que mis palabras sean lo más comprensibles y lo más claras posibles: en mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón”, ha dicho la ministra en un acto organizado por el ministerio, la víspera del día internacional de los derechos de las personas con discapacidad para reconocer públicamente a las víctimas que han sufrido esta mala práctica. Le acompañaba dos expertas y dos mujeres que fueron esterilizadas. También ha asistido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha definido estas prácticas como una “barbaridad jurídica”, una forma de violencia machista.
El pasado diciembre entró en vigor dicha ley por la que se suprimieron las esterilizaciones forzadas del Código Penal. El Congreso respaldó por unanimidad una proposición de ley presentada por Ciudadanos. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado a España a eliminar esta práctica y el Convenio de Estambul que regula la prevención contra las violencias machistas promovido por el Consejo de Europa y ratificado por España, la señala como delito.
Entre 2008 y 2020, los juzgados decidieron sobre 1.144 casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, aunque la estadística no especifica cuál fue el sentido de la sentencia ni desagrega por sexos. Ya no podrán abrirse más. Detrás hay historias como la de Loli Miñano, una mujer con problemas de salud mental que estaba presente en el acto de este jueves. “Fue cuando yo tenía 40 años, ahora tengo 52″, ha relatado. “Me ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, sin contar conmigo, el psiquiatra y un abogado me esterilizaron, me ataron a la cama, me pusieron pañales y me obligaron a perder la custodia de mi hija”, ha afirmado. Lo ha contado para ayudar a visibilizar estas prácticas. Ha dicho que sufre secuelas físicas a raíz de perder la menstruación. Y ha pedido que se dé más información.
Es algo en lo que también han hecho hincapié las expertas, especialmente sobre la cantidad de casos que permanecen en la sombra, que no se registran en los juzgados. Ana Peláez, vicepresidenta del comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas, y la primera mujer con discapacidad que forma parte de este organismo, ha advertido de que, pese a haber avanzado con la legislación, “las prácticas de esterilización no consentidas de mujeres con discapacidad en todo el mundo se dan en muchas otras circunstancias, no solamente por decisiones judiciales”. Ha puesto como ejemplo los centros de secundaria que lo “recomiendan” a las familias o las instituciones que lo “exigen” de forma voluntaria para que las personas puedan ingresar en ellas. Se ha referido a la jornada como “un día histórico”, pero ha reclamado al ministerio “una comisión de trabajo” para estudiar “cuál es esta situación que en la práctica se da”.
María Sosa Troya/ Madrid/ 02- 12- 2021.
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